EFE.- Activistas de Tijuana, frontera con Estados Unidos, acusaron a agentes de la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM) de actos intimidatorios en el albergue Border Line Crisis Center, ubicado a un kilómetro del puerto fronterizo de San Ysidro, que recibe únicamente a mujeres migrantes, madres y niños.
Las activistas denunciaron que estas acciones, además de que son violatorias a la Ley de Migración, también fueron “un acto grave y de irresponsabilidad”, debido a que trastocaron la vulnerabilidad de las personas y las hicieron caer en un “terreno de miedo y terror“, considerando que muchas de las migrantes vienen de entornos de violencia.
Amedrentaron a comunidad vulnerable
Judith Cabrera, codirectora del albergue, informó a medios que los hechos ocurrieron la madrugada del 11 de octubre, alrededor de la 01:00 horas, cuando una decena de agentes de la Guardia Nacional, junto con otros del INM, arribaron a bordo de dos camionetas al lugar.
Cabrera recibió una llamada de las residentes del albergue, quienes “estaban en pánico, pues había hombres que con gritos y patadas intentaron abrir a la fuerza la cortina que sirve como puerta de entrada que estaba cerrada, amenazándolas y acusándolas de esconder a personas indocumentadas y de realizar cruces ilegales a Estados Unidos”, relató.
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Agregó que, aunque las personas nunca se identificaron, fueron reconocidas por los migrantes, por sus uniformes, como agentes de la Guardia Nacional, lo que también quedó registrado en las cámaras de seguridad del exterior del albergue, el cual compartieron a medios de comunicación.
Durante la rueda de prensa, la activista detalló que en las imágenes se muestra al grupo de agentes portando el uniforme de ambas instituciones, así como los intentos de abrir de manera forzada, además que no sustentaron el supuesto reporte que les dieron ni presentaron tampoco orden judicial alguna.
“En ese momento se encontraban un total de 30 mujeres y niños de distintas nacionalidades, sin ninguna otra defensa contra las armas largas de los agentes, que el teléfono para hacer una llamada, entre ellas había familias monoparentales, lesbopaternales, mujeres lesbianas y trans, además de mujeres negras, todos estos grupos frecuentemente discriminados y atacados por militares y policías”, expuso.
La activista recriminó que las personas hayan sido “amedrentadas y aterrorizadas, algunas tuvieron ataques de pánico y otras decidieron irse poco después porque ya no se sentían seguras. Muchas ya habían tenido detenciones arbitrarias y maltrato por parte de las autoridades y este incidente removió ese dolor, recordándonos que no somos un caso aislado de abuso de autoridad contra la población en tránsito”.
Violación a la Ley de Migración
Cabrera remarcó que a la mañana siguiente revisaron las cámaras y vieron el video, “en el cual se identificó que los agentes de la Guardia Nacional iban acompañados de agentes de Migración, a quienes acusó también de haber violado el artículo 76 de la Ley de Migración”.
Dicho artículo señala que el INM “no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes”.
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La codirectora del albergue contó también que con estas acciones “queda claro que estamos siendo criminalizados por nuestra labor y que es importante contar con el respaldo de nuestras compañeras para cuidarnos unas a otras en el clima político de esta región, donde Estados Unidos se empeña en detener la migración a como dé lugar y ha convertido al gobierno de México en el perro guardián de sus fronteras, cada vez más militarizado”.
Exigen cese al acoso
Ante esta situación, las activistas exigieron públicamente que cesen los actos de criminalización en contra personas en contexto de movilidad y de quienes realizan la labor humanitaria, pues vulneran sus derechos humanos, poniendo en riesgo su integridad física, además que obstaculizan el acceso a la ayuda humanitaria, como lo hizo saber Graciela Zamudio, de la organización Alma Migrante.
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Además, activistas como Nicole Ramos, de la organización Al Otro Lado, pidieron que se lleve a cabo una investigación de los hechos, esclareciendo quién dio la orden para que se realizaran estos actos intimidatorios y que se tomen las medidas correspondientes para garantizar que no se repitan. A esta petición también se sumaron organizaciones como la Alianza por la Salud de las y los Refugiados y La Partería y Medicinas Ancestrales.
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