Chetumal, Quintana Roo. – Con el argumento que la XIV legislatura – integrada por mayoría priista – nunca ratificó la cláusulas que fueron agregadas a la concesión de 1993 ni su prórroga por 30 años más, con voto de 19 diputados asistentes de un total de 25, la Décimo séptima legislatura aprobó el decreto de obvia y urgente resolución mediante el cual se abroga el decreto 250 mediante el cual se aprobó la prórroga en forma anticipada a su vencimiento la concesión del servicio de agua potable a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan) para los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, a partir del 31 de diciembre de 2023.
Además aprobaron la integración de la comisión especial que se encargará de investigar el destino de mil 056 millones de pesos recibidos por la CAPA como contraprestación por la extensión por 30 años más sin que supuestamente se tenga rastro de dicha cantidad.
Los diputados que no asistieron a la sesión y no votaron fueron Julián Ricalde Magaña, Mildred Ávila Vera, Silvia Dzul Sánchez, Maritza Basurto, Ricardo Velazco y Luz María Beristain Navarrete.
Cabe recordar que la XIV legislatura estuvo integrada por los diputados priistas Arlet Molgora, Maritza Medina Díaz, Juan Manuel Herrera, José Chacón Arcos, Filiberto Martínez Méndez, José Luis Toledo Medina, Mario Machuca Sánchez, Marcial Fernández Piña, Jesús Pool Moo, Berenice Polanco Cordova, Susana Hurtado vallejo, Juan Carrillo Soberanis, Marybel Villegas Canche ; del PAN, Perla Tun y del PVEM, Remberto Estrada Barba.
En la actualidad, Marybel Villegas es Senadora de Morena y Arlet Molgora y Juan Manuel Herrera simpatizantes de dicho partido; Susana Hurtado y Juan Carrillo son diputados local y federal del PVEM; Jesús Pool y José Luis Toledo integrantes de Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con la iniciativa aprobada, al término del plazo original de la concesión previsto para el 31 de diciembre de 2023 debe operar en forma inmediata la reversión y entrega de los servicios que se presten, recursos y obras y bienes correspondientes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado para garantizar la continuidad en el servicio.
Aunque en su momento, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Humberto Aldana Navarra argumentó que no era competencia del poder legislativo sino a los ayuntamientos dar marcha atrás con el contrato de concesión, la iniciativa de decreto presentada por él mismo dejo sentado que “la decimoséptima legislatura está obligada a dictar medidas legislativas para cumplir con el resultado de la consulta ciudadana vinculante realizada el 6 de junio por el Instituto Electoral de Quintana Roo -en la cual la población manifestó su oposición para que Aguakan siguiera prestando el servicio concesionado”.
De acuerdo con la justificación presentada en la iniciativa la decimocuarta legislatura que expidió el decreto 250 no tuvo a la vista las modificaciones al modelo financiero de 2014 de la concesión, no lo estudió discutió aprobó ni ratificó expresamente a pesar que la legislación aplicable exige expresamente que la legislatura ratifique la concesión cuando su plazo exceda al periodo del gobierno municipal; además, el decreto 250 únicamente fue un mecanismo para evitar e impedir que al vencimiento natural del plazo de la concesión, establecido para el 31 de diciembre de 2023, existiera un análisis serio técnico y financiero así como un nuevo concurso para que la empresa que ofreciera las mejores condiciones fuera de la que continuara o sustituyera a la actual concesionaria .
Además, el documento aprobado por los diputados, establece que la XIV legislatura no tuvo a la vista evidencia ni estudios que justificaran la prórroga por 30 años más a favor de la concesionaria Aguakan sino que lo aprobó Únicamente con los dichos del entonces gobernador Roberto Borje Angulo y presidentes municipales que suscribieron la iniciativa correspondiente; entonces legalmente la XIV legislatura nunca ratificó las cláusulas que fueron agregadas a la concesión de 1993 ni su prórroga por 30 años más pues aquella aprobó el decreto el 11 de diciembre de 2014 y la segunda modificación al título de concesión fue expedido el 18 de diciembre de 2014 .
En la iniciativa aprobada, la decimoséptima legislatura establece que la décima cuarta legislatura en su Artículo quinto facultó a las autoridades administrativas a establecer las cláusulas modificatorias que creyeran convenientes a la concesión lo cual de ninguna manera constituye la ratificación que regula la legislación aplicable como requisito para que el plazo pudiera exceder del periodo de gobierno municipal.
Además, la decimocuarta legislatura incluyó una modificación a la condición trigésima primera del título no aprobada previamente por la legislatura que modificó la forma de resolver las controversias que derivaran de la concesión por medio de un panel de expertos y un arbitraje internacional y no así Mediante los tribunales del estado de Quintana Roo en contra del texto de la capa que establece que las controversias derivadas de las concesiones se resolverán con base en la legislación vigente Y tribunales competentes de Quintana Roo.
La decimoséptima legislatura aprobó crear una comisión especial y de investigación sobre el destino final de los más de 1056 millones de pesos que recibió la comisión de agua potable y alcantarillado como contraprestación por la extensión de la concesión y que transfirió de manera indebida a una cuenta del gobierno del Estado la intervención de servidores públicos y particulares involucrados en delitos locales y federales así como para instalar una mesa de diálogo con las personas interesadas que consideren que tienen alguna afectación con la entrada en vigor de este decreto.
