En la oposición dicen que el objetivo de la creación de la comisión sobre el supuesto uso ilegal policial de Pegasus es influir en el juicio a Netanyahu
Redacción/Periodismo Sin Reserva
Israel-. Pese a la oposición de varios organismos de seguridad israelíes y de la fiscal general y asesora legal del Gobierno, Gali Baharav-Miara, el ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha aprobado la creación de una comisión que investigue el supuesto uso ilegal policial de sistemas de ciberespionaje en Israel.
La Comisión Pegasus-llamada así por los medios locales- se refiere al sofisticado instrumento cibernético creado por la empresa NSO, con base en Herzliya, para penetrar y controlar móviles sin que sus dueños sepan que están siendo espiados y seguidos. A partir del 2021 y antes de que fuera objeto de polémica en Israel, Pegasus ha sido muy citado-y no de forma positiva- a nivel internacional. Denuncias oficiales e informaciones periodísticas apuntaron el uso ilegal del software israelí en diversos países, entre ellos España, para introducirse en móviles en un seguimiento que iría más allá de los dos objetivos establecidos en los contratos firmados entre NSO y los Estados clientes como son la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
La comisión israelí, promovida por el ministro de Justicia Yariv Levin, investigará el comportamiento de la Policía, la Fiscalía, la Asesoría Legal del Gobierno y el departamento interno de investigación de policías en todo lo relacionado con la compra, seguimiento y recogida de información de instrumentos tecnológicos sobre ciudadanos y cargos en Israel. La investigación podrá abarcar también casos como el del primer ministro que, tras ser imputado en 2019 por tres casos de corrupción, está siendo juzgado por el tribunal del distrito de Jerusalén.
ESPIAR CIUDADANOS
El 18 de enero del 2022, el diario económico Calcalist reveló que la Policía israelí recurrió a Pegasus y no pidió permiso judicial para espiar a ciudadanos en su país. Seis meses después, una comisión del ministerio de Justicia halló algunas irregularidades cometidas por la Policía pero desacreditó la inmensa mayoría de acusaciones de Calcalist que se referían al espionaje por ejemplo de funcionarios, alcaldes, empresarios, manifestantes e incluso el hijo de Netanyahu.
En los últimos días, Baharav-Miara había avisado al Gobierno ante el daño que la nueva comisión puede causar a la seguridad nacional y advirtió que Netanyahu podría incurrir en un claro conflicto de intereses. En este sentido, la oposición acusa a Levin de crear la comisión con el objetivo de dañar aún más la confianza pública en agentes, fiscales y jueces y sobre todo influir en el proceso judicial del primer ministro tras alegar supuestas escuchas ilegales en su entorno. Investigar la investigación policial, una demanda pública de Netanyahu tras su imputación, podría influir en su juicio, avisan en la oposición. Y recuerdan que el ex juez elegido para presidir la comisión, Moshe Drori, ha sido muy crítico con la Fiscalía y la forma del proceso judicial contra Netanyahu. “Ninguna prueba presentada en el juicio de Netanyahu fue obtenida por Pegasus”, afirma el comentarista en temas judiciales del Canal 12, Guy Peleg.
Baharav-Miara teme que la nueva comisión pueda “obstruir los procedimientos judiciales” en los casos abiertos como el del primer ministro y “perjudicar la independencia del trabajo de los órganos encargados de hacer cumplir la ley”. Según recuerda, “la gestión de los procedimientos penales se confía a la ley y existe una clara separación institucional entre la responsabilidad ministerial del ministro de Justicia y los órganos de investigación y procesamiento”.
