Sigue saliendo la corrupción del gobierno de Carlos Joaquín, luego de que la Secretaría de la Contraloría (Secoes), en un trabajo conjunto con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), detectaron más de 240 cuentas bancarias irregulares que estaban registradas en la administración pasada, las cuales contenían recursos federales y estatales.
Derivado de esta minuciosa revisión, se lograron recuperar 317 millones de pesos que estaban dispersos en estas cuentas, un recurso que ahora será utilizado en beneficio del estado.
Así lo reveló la titular de la Secoes, Reyna Arceo Rosado, durante su comparecencia ante la Comisión Anticorrupción de la XVII Legislatura, como parte de la ampliación de la Glosa del Primer Informe de la gobernadora Mara Lezama.
La Contralora del estado, dijo que estas acciones son parte de los trabajos de saneamiento de las finanzas públicas estatales, donde recordó que también lograron recuperar mil 39 millones de pesos que serían destinados al pago de los pasivos heredados, pero que detectaron que estos montos provenían de contratos irregulares y por ello las empresas se desistieron, en tanto que otras no contaban con los elementos suficientes para cobrarlos o seguir considerándolos como pasivos.
Reyna Arceo dijo a las diputadas y diputados que, si no hubiesen realizado este trabajo, ese recurso se habría perdido porque iba a ser pagado o posiblemente desviado a través de las cuentas bancarias.
“Esos 317 millones de pesos que hemos liberado estaban en cuentas dispersas y que poquito a poco se iban desapareciendo sin un control, entonces lo que hicimos fue revisarlas como parte de la prioridad y el compromiso del saneamiento de las finanzas y combate a la corrupción”, indicó la funcionaria estatal.
Mencionó que, en coordinación con la Sefiplan, se hizo la depuración de las cuentas bancarias, logrando liberar los 317 millones de pesos correspondientes a cuentas contables federales y estatales, contribuyendo significativamente a la reducción de los pasivos circulantes del estado.
Son cuentas que datan del año 2011 a la fecha y que estaban registradas en los estados financieros de la anterior administración, pero que repercutían en la situación financiera del estado.
“Se tenían abiertas infinidad de cuentas bancarias manejando recursos federales y estatales, pero que no tenían un movimiento ni un modo de operar”, añadió.
