Con el hallazgo el 21 de octubre de 11 cadáveres, Tecomán se afianzó como el municipio con mayor número de fosas clandestinas en el país: 268, de las que se exhumaron los restos de unas 350 personas. Pero poco se sabe de detenidos y procesados por estos hechos.
Tecomán, Colima. – En este municipio costero, que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha ocupado el primer lugar en el número de fosas clandestinas localizadas en el país, el sábado 21 de octubre la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció el descubrimiento de siete hallazgos forenses más, de donde fueron recuperados 11 cadáveres, en un rancho ubicado en la comunidad de Madrid.
Con este nuevo hallazgo, el estado de Colima rompió récord en 2023 con su mayor cifra anual de cuerpos encontrados en su territorio: 128, que estaban sepultados en 87 fosas, según datos complementarios de la FGE y del vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima, Francisco Javier Almazán Torres.
A finales de diciembre de 2022, coincidentemente en otro predio de la misma población de Madrid fueron encontrados vestigios de 22 personas en el interior de veinte fosas clandestinas, lo que hizo llegar las cifras del año pasado a 117 cuerpos o restos de personas y 97 entierros.
A lo largo de 2023 destaca el hecho de que, durante un operativo que se extendió desde finales de abril hasta principios de junio de este año, fueron exhumados los restos de 92 personas en otro sitio de inhumaciones irregulares, localizado en la periferia de la comunidad tecomense Cerro de Ortega, limítrofe con Michoacán, mientras que en abril del año pasado fueron encontrados 20 cuerpos en fosas detectadas en Tecolapa, poblado de este mismo municipio.
Éstos y otros hallazgos registrados en diversos puntos desde el 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha, colocaron a Colima entre los estados con el mayor número de fosas en el país, junto con Veracruz, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.
En tanto, según cifras oficiales, en ese mismo periodo el municipio de Tecomán por sí solo supera a la mayoría de las entidades federativas, con el descubrimiento en su territorio de 268 entierros ilegales y la exhumación de los cuerpos o restos óseos de alrededor de 350 personas.
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas advierten, sin embargo, que a pesar del gran número de fosas y cadáveres localizados en la entidad, poco se ha sabido de detenciones y enjuiciamiento de los presuntos responsables de estos hechos, en los que podrían tipificarse los delitos de desaparición de personas, asesinato, inhumación ilegal, entre otros.
En un informe difundido el 4 de septiembre anterior, la Fiscalía Especializada en la Investigación en Materia de Desaparición de Personas de la FGE dio a conocer que en el periodo de noviembre de 2022 a julio de 2023 “se han generado 82 operativos de búsqueda, que destacan la localización del mayor hallazgo de fosas clandestinas en este 2023 en el municipio de Tecomán”.
Así también, se ejecutaron 15 órdenes de cateo y se logró localizar 100 fosas clandestinas en la que se recuperaron 139 vestigios humanos, de los cuales se han identificado a personas desaparecidas que están vinculadas con víctimas directas en otras investigaciones como secuestro, privación ilegal de la libertad, entre otras.
Y aunque lo anterior ha coadyuvado “a otras áreas de investigación con la localización y a ampliar las indagatorias hasta identificar a los causantes del flagelo del delito”, en esos nueve meses la Fiscalía únicamente reporta el logro de cuatro vinculaciones a proceso y dos sentencias.
Tecomán, misterio forense
La presidenta de la Red Desaparecidos en Colima A.C., Carmen Sepúlveda Gómez, dice que los familiares de las víctimas no han encontrado una explicación de las razones por las que el municipio de Tecomán concentra más de dos terceras partes de las fosas clandestinas localizadas en el estado y ocupa el primer lugar nacional en ese rubro.
Conjetura que probablemente a los grupos delictivos se les facilita seguir esa estrategia por la existencia de abundantes huertas y tierras agrícolas, o bien que podría ser por el tipo de violencia que se da en ese lugar o por el hecho de que la colindancia de Tecomán con el estado de Michoacán incrementa las problemáticas sociales en esa región.
La activista comenta que la reciente detección de fosas en la comunidad de Madrid fue resultado de un reporte anónimo que llegó a la FGE, por lo que el organismo solicitó a un juez una orden de cateo para ingresar al rancho y realizar la búsqueda.
En otras ocasiones, añade, algunos sitios han sido localizados gracias a mensajes que también de manera anónima llegan a la página de Facebook de la Red Desaparecidos en Colima, por lo que el colectivo hace llegar la información a las autoridades.
No obstante, Sepúlveda Gómez refiere que los familiares de víctimas de la capital o del norte del estado esperarían que también les lleguen informes sobre posibles fosas en esas regiones, para tener mayores posibilidades de encontrar a sus desaparecidos.
Advierte también la necesidad de que se incrementen los recursos presupuestales para las labores de búsqueda de personas en el estado, pues actualmente resultan insuficientes porque la Fiscalía especializada únicamente cuenta con nueve agentes investigadores para cubrir los diez municipios del estado.
Esa situación provoca que los elementos del llamado Grupo Zorro tengan que distribuirse para acudir a las búsquedas en campo y para atender las investigaciones de las nuevas denuncias por desaparición de personas que se presentan diariamente.
Al respecto, en julio pasado el titular de la FGE, Bryant Alejandro García Ramírez, se reunió con representantes de colectivos de familiares y les informó que su administración busca fortalecer los procesos de búsqueda y por ello se está trabajando en fortalecer a la Fiscalía especializada.
Acompañado por el fiscal especializado, Héctor Javier Peña Meza, el fiscal general apuntó que “este proceso de fortalecimiento ha implicado que el área cuente con más ministerios públicos, agentes de investigación, personal que tenga un perfil adecuado para realizar las búsquedas y dar mejores resultados en las investigaciones, además de que se han generado manuales y protocolos que permitan realizar con mejor técnica los procedimientos”.
García Ramírez indicó en ese encuentro que “este proceso de fortalecimiento y reconfiguración institucional está pensado desde un enfoque en el que se coloca en el centro de las acciones a las víctimas directas e indirectas de este delito, y conscientes de que se requiere brindarles la atención más integral y humana posible para poder brindarles un mejor proceso de acceso a la justicia”.
Carmen Sepúlveda señala que las carencias y las necesidades persisten en el área de la Fiscalía Especializada en la Investigación en Materia de Desaparición de Personas, por lo que hace un llamado a la FGE y a los poderes Ejecutivo y Legislativo a garantizar en 2024 un presupuesto suficiente para ampliar el personal y los recursos materiales para dar respuesta a la problemática de la desaparición de personas en el estado.
La representante del colectivo de familiares dice que le han propuesto a la Fiscalía que solicite recursos para contratar más agentes y “en una de las ocasiones dijeron que sí, que estaba abierta la bolsa de trabajo, pero que mucha gente que no quiere entrar a trabajar, pero que si están buscando más personal”.
Puntualiza Carmen Sepúlveda: “No tengo idea de cuántos agentes más se necesitan, pero definitivamente se requieren más; creo que son muy pocos los que hay para todo lo que tienen que trabajar en los cateos, en las búsquedas, en las investigaciones, en los reportes; entonces es bastante lo que hacen y a veces no se dan abasto”.
