La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que envió una propuesta de reforma para modificar los artículos 19, 39 y 40 de la Constitución. Esto ocurre luego de que el gobierno de Estados Unidos declarara como organizaciones terroristas a seis cárteles mexicanos.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que estas modificaciones buscan reafirmar la coordinación y colaboración con Estados Unidos, pero al mismo tiempo fortalecer la defensa de la soberanía nacional. En particular, los cambios en los artículos 39 y 40 buscan impedir la intervención de actores extranjeros en la investigación y persecución de criminales sin autorización de las autoridades locales.
“Trabajamos juntos, pero no hay injerencismo ni violación a la soberanía. Eso es lo que queremos dejar claro ante la definición del gobierno y el Senado de Estados Unidos al designar a estos grupos criminales como terroristas”, declaró la mandataria.
Detalles de las reformas propuestas
El cambio al artículo 40 establece que “el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación”. Esto incluye golpes de Estado, injerencias en elecciones o violaciones del territorio nacional por tierra, agua, mar o espacio aéreo.
Asimismo, el artículo 19 se modificará para advertir que “a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley, vinculadas con estas injerencias, se le impondrá la pena más severa posible, así como la prisión preventiva oficiosa”.
Otra de las reformas al artículo 19 plantea que “a cualquier nacional o extranjero vinculado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas” también se le aplicará la pena más severa posible.
Contexto internacional
El titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, firmó un documento anunciando que ocho cárteles fueron designados como organizaciones terroristas, entre ellos seis que operan en México: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana.
La presidenta Sheinbaum también se refirió a la industria armamentista estadounidense, origen de casi tres de cada cuatro armas utilizadas por el crimen organizado en México, según un informe del Departamento de Justicia de EE.UU. en enero. En respuesta a esta problemática, la Cancillería ampliará la demanda presentada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra fabricantes y vendedores de armas estadounidenses, a quienes acusa de proveer armamento a los cárteles de manera consciente.
“Dado este nombramiento, tiene que haber un vínculo entre quien vende armas a estos grupos delictivos que hoy han sido catalogados como terroristas. Por ello, se ampliará la demanda por complicidad contra aquellos que faciliten la introducción ilegal de armas en México”, enfatizó Sheinbaum.
Con estas reformas, el gobierno de México busca equilibrar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad sin comprometer su soberanía y asegurando que cualquier acción en el país se realice bajo el marco de la legalidad nacional.
