La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, encabezada por Raciel López Salazar designado por Mara Lezama Espinosa, actualmente opera como una fábrica delitos sembrando por ministeriales
La explotación sexual a menores de edad, trata de blancas, distribución de drogas y uso de armas prohibidas, utilizadas de manera engañosa en repetidas ocasiones por los agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para espantar con el petate del muerto de la clausura, previo cateo autorizado por un juez en bares de Cancún, llevándose jugosas ganancias.
Benito Juárez, Quintana Roo. – Ausentes y brillantes en Quintana Roo la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos en la FGE, en las detenciones con motivos reales e infundados. Inservibles las especialidades, diplomados, maestrías y doctorados de los pésimos funcionarios.
De nada le sirve la firma de “maestra” a la titular de la Unidad Especializada en Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Cinthya Dianel Pérez Mérida, misma que trató de putitas a MAD, JGR, AMGP, JEAG, YYCG, ESS, VACL, AJGP, SAFC, CBBV y MELM y a más empleadas del restaurante bar La Oficina Cancún VIP, cuyas responsabilidades son de cajera, limpieza y meseras; una se dedica trabajar fotografías en Photoshop, diseño gráfico, elabora páginas web, misma que habla tres idiomas; (originarias del estado de Morelos, Veracruz, Ciudad de México, Yucatán, Tabasco, Campeche, Quintana Roo).
No se entiende si el cateo autorizado por la juez fue para la búsqueda y localización de dispositivos de video vigilancia, bitácoras de cobros, posible localización y resguardo de víctimas, dispositivos de almacenamiento USB, computadoras de escritorio, dispositivos DVR, discos duros, información de contabilidad, teléfonos celulares de los encargados, documentos privados como recibos de agua, teléfono, luz y recibos de pago del predial con la finalidad de ubicar a los dueños de los predios, así como también otro indicio relacionado al hecho delictuoso. Sin explicación la acción de arrancar los cables del internet y de las cámaras de seguridad del lugar, atestiguado por tres empleadas, expresado al juez en la audiencia.
¿Hecho delictuoso?
Una acusación de un agente encubierto del que no aparecen sus datos, ni su credencial de elector. Está claro qué debían buscar y recoger en el cateo, por lo que no queda clara la razón de la retención de los teléfonos celulares de las 19 personas y trabajadores del restaurante bar La Oficina, puestos en una bolsa de color negro por los encapuchados agentes ministeriales; ¿qué esconden si son servidores públicos?
Defensa y violación de los derechos humanos
Larga es la lista de la falta de respeto a los derechos humanos por encargados de impartir justicia: impedir que los detenidos tengan acceso a un baño para realizar sus necesidades fisiológicas, luego de tenerlas en una camioneta Van por más de tres horas; despojarlos de sus teléfonos celulares, obligarlos a firmar hojas en blanco caso contrario eran amenazadas que no saldrían de la Fiscalía hasta firmar; cambiarse de ropa frente a los oficiales encapuchados. Cuando les permitieron ir al baño, lo hicieron custodiadas por un policía y observando con la puerta abierta, quien además las apuraba; declaraciones después de las 3:00 de la madrugada. Por citar unas cuantas violaciones a los derechos humanos en Quintana Roo.
Por esta realidad los propietarios o administradores de La Oficina, La Envidia Men’s Club, Seducity, Havana, y Botanero Caribeño’s denuncian la exigencia de los ministeriales de un pago de dos a cinco millones de pesos, algunos hasta 15 millones* para reabrir el lugar asegurado. Modus operandi** lleno de arbitrariedad, que orilla haya un arreglo económico. Hechos que no abonan a la construcción de paz y seguridad.
Los autorizados para realizar el cateo agentes del ministerio público: Francisco José Torres Uc, Erick Iván Lara Massa, Cinthya Dianel Pérez Medina; los policías de investigación: Mario Isaías Góngora Reyes, Francisco Contreras Díaz. Arturo Enrique Gómez Blanco, Luz Magnolia Carrillo Báez; la auxiliar del Ministerio Publico: Paola Arian Sánchez Sánchez, y a los peritos en criminalística de campo Raquel Ameyali Jiménez Galán. Emilse Guadalupe Maciel Palma y Fernanda Kymera Martínez Martínez; vicefiscal Sergio Iván Cruz Ledesma.
Estos más de 25 que ingresaron, número que rebasa lo autorizado, al local referido en la avenida Puerto Juárez, mejor conocida como Talleres, en la supermanzana 92, se les olvidó cubrir las formalidades previstas por el numeral 288, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y deben recordar que el capítulo segundo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, respecto a las funciones y atribuciones de la Fiscalía General el Artículo 12, inciso XXVII señala se tiene que “Vigilar y asegurar que durante el proceso penal se respeten los derechos humanos del imputado y de la víctima u ofendido, reconocidos por la Constitución Federal, los tratados internacionales ratificados par el Estado Mexicano, la Constitución Local y demás disposiciones legales en vigor.
Tampoco les hará mal una releída a los textos: Vocabulario Judicial coordinado por David Cienfuegos Salgado, Julio César Vázquez-Mellado García y publicado por el Instituto de la Judicatura Federal en 2014; Derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales de Ana Elena Fierro Ferráez y José Pablo Abreu Sacramento editado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en 2012, así como otros sobre el arte de preguntar y, sobre todo uno de técnicas de interrogatorio y escuchar.
Ingente y manifiesta la torpeza ministerial al dirigir al titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, firmada por Lara Massa, en la que pregunta si hay alguna ficha vigente de Alerta Amber o tienen relación alguna radicada en la citada fiscalía especializada de las 19 mujeres.
La información de 1996 es desconocida para los leguleyos oficiales, ya que la Alerta Amber México es exclusiva para la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes no localizados, menores de 18 años.
Si en el proceso penal se pide respeto a los derechos humanos, lo mismo hay que hacer en un cateo y en una detención de un presunto o presuntos.
Mucho más cuando en los despachos de la Fiscalía acostumbran a juzgar antes de averiguar, como se lee en un escrito oficial, donde se consiente y “autoriza el agente encubierto la finalidad de infiltrarse en la agrupación delictuosa de manera física y cibernética”, en referencia a La Oficina cuando apenas van a investigar…
En las acciones de cateo siempre hay violencia, rapiña y ofensas, como sucedió en los botaneros La Oficina y Caribeño’s, mínimo ejemplo del deterioro humano y ¿legal? del actuar de las autoridades para cerrar las tan necesarias fuentes de empleos.
La Oficina
Tras el cateo al bar La Oficina bajo el falso argumento que había menores de edad, con base en un supuesto policía encubierto, lo cual es contrario a la norma constitucional, al debido proceso, y tienen retenido una persona, vinculado a proceso para hacer presión la Fiscalía.
Según en el sitio se da la trata de personas, pero la verdad es que se pasaron, obligaron a las mujeres a firmar una declaración que nunca leyeron, y eso se lo dijeron al juez en la audiencia; también mencionaron que no las dejaron hacer sus necesidades fisiológicas, que tuvieron que orinar en un tupper, donde llevaba sus alimentos.
Tres horas después permitieron hacer sus necesidades con la puerta abierta del baño en presencia del policía ministerial de apellido Góngora, en tanto Pérez Mérida las trataba de putitas.
En tanto el mesero José Antonio Terrones Díaz y sus compañeras de trabajo del botanero La Oficina, según la carpeta de investigación: FGE/QROO/CAN/UIEDTENNA/08/38/2023, Numero de caso FGE/QROO/BJ/08/17423/2023, Acta: FGE/ QROO/CAN/ UIEDTENNA/08/326/2023; reciben puntos de vista de peritos en psicología, la evaluación psicológica realizada es insuficiente para inculpar y afirmar que las personas son víctimas de trata de personas, al aplicar insuficientes herramientas para un diagnóstico completo.
En el informe del psicólogo (con cedula profesional, de maestría y de perito) Mario Alberto León Fuentes se establece “el informe de caso analizado no cuenta con los criterios estructurales, metodológicos, análisis de resultados y conclusiones suficientes para dictaminar de manera concluyente el estado de vulnerabilidad y afectación en las víctimas evaluadas pues no hay una evaluación objetiva con los instrumentos psicológicos clínicos con la debida validez y confiabilidad para dictaminar vulnerabilidad y afectación en las presuntas víctimas”. Las 19 personas que obligaron a firmar su declaración en una hoja en blanco.
Hay más, a Terrones Díaz, con base en las declaraciones inventadas lo acusan de trata de personas. Hecho probablemente constitutivo de delito de trata de personas previsto en el artículo número 10 de la LGPSEDMTP (Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, (según la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2023).
Los ministeriales encabezados por Góngora insisten en atribuir a Terrones que él se quedaba con “el 50 por ciento de los cobros del baile de las bailarinas” sin prueba alguna, nada más lo escrito en algunas de las declaraciones firmadas en blanco. Ministeriales cumplidos, debido a que los policías de investigación, así lo consigna la respectiva carpeta de investigación***, le dijeron que si no decía era el patrón o encargado del lugar lo dejarían encerrado, como lo está hasta ahora.
Las 19 trabajadores todas mayores, sus edades fluctúan entre los 18 y 59 años, es la prueba suficiente de que en el lugar acusado que trabajan menores de edad es mentira. Las declaraciones de las retenidas lo dejan claro.
Otras líneas de la carpeta de investigación incluyen lo siguiente: “Existen declaraciones de las mujeres en ampliación donde hacen mención a que el contenido de la entrevista fue realizado por el policía investigador Mario Góngora y la fiscal titular Cinthya Pérez; condicionadas a aceptar el contenido, pues si no firmaban simplemente no podían salir y se quedarían detenidas hasta que firmaran”. Una de ellas comentó “señor juez la ministerio público que se encuentra presente y la señalaron con su nombre de Cinthya nos obligó a firmar las entrevistas sin dejarnos ver el contenido, bajo la presión de putitas si firman se van y si no se quedan porque ustedes no le importan a nadie pinches putas, diciéndole al ministerial de apellido Góngora que te firmen”.
Enorme, descomunal llamada de atención el desapego del juicio del juez, quien para nada tomó en cuenta las ofensas de la fiscal del ministerio público titular de la Unidad Especializada en Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo Cinthya Dianel Pérez Mérida. Ofende al sentido común que el magistrado no hiciera una reconvención o recomiende una acción legal contra Pérez Mérida por la privación legal de su libertad de 20 personas; él no puede ni debe ser omiso ya que es garante de la aplicación de la justicia. Al ignorar el maligno proceder de la funcionaria se convierte en cómplice silencioso. Ya olvidó la impronta: “Tú dame los hechos y yo aplicaré el derecho”.
Para no variar si no hay menores ni niños en el cateo a La Oficina, ¿seguirá la injusticia de mantener vinculado a proceso al mesero José Antonio Terrones Díaz por un delito que no cometió? Retenido por 48 horas desde el 31 de agosto del 2023.
Caribeño’s
Los clientes del botanero Caribeño’s son sorprendidos al querer entrar al lugar, en horario de servicio, y estar con llave la puerta, tratar de estacionar el vehículo en la parte de atrás del inmueble y las cintas amarillas lo impidieron, este viernes 13 de octubre.
Trascendió que los agentes ministeriales detuvieron con lujo de violencia a familiares del encargado y empleados del lugar, 10, con el sobado pretexto de que ahí se distribuyen drogas y se ejerce la prostitución. Se detuvieron a cuatro mujeres de Colombia, dos cubanas y un par de hondureñas, así como 300 bolsas en apariencia de cocaína.
Y, ¿qué cree lector? El 16 de octubre de este 2023, don Manuel Núñez Loría fue liberado por orden del juez, después de más de tres horas de audiencia en la que se le liberó, al no existir pruebas en su contra de las acusaciones de trata de blancas y venta de cocaína en el botanero mencionado.
Tal realidad tiró a las cloacas la imputación de narcomenudeo en el lugar, que es un centro de distribución de drogas, además que se aseguraron armas, expresada por el fiscal Raciel López Salazar frente a los reporteros de diferentes medios de comunicación, el mismo lunes 16 de octubre, en su flamante rueda de prensa del gabinete de seguridad de Quintana Roo.
El propietario del Bucanero’s denunció que el cateo por narcomenudeo y trata de blancas de menores fue una vil farsa, que todo fue un robo descarado, un asalto, ya que se llevaron botellas, dinero, bocinas y teléfonos celulares; rompieron las cámaras de seguridad y desprendieron los cables del internet del bar. Jamás se ha vendido droga en el lugar.
Incluso tras la revisión quedó pegada, como lo exige el protocolo judicial, copia de la orden de cateo, misma que los ministeriales regresaron en la madrugada a romper.
Esta práctica, subrayó el propietario de uno de los lugares cateados, “de catear bares y casas habitación fue establecida por la nueva Fiscalía, después viene la negociación económica, luego que el juez para catear un determinado lugar autoriza ingresen cuatro o cinco personas facultadas legalmente, e ingresan de manera arbitraria otras 20 o más para intimidar y robar el producto que se encuentre en el lugar como puede ser la venta del día”.
