El fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, informó que su dependencia colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación del caso de un empresario y su pareja sentimental, ocurrido en Playa del Carmen. Según las indagatorias, el empresario habría sido torturado en su domicilio y obligado a transferir 360 millones de pesos a cuenta.
Durante la conferencia semanal del gabinete de Seguridad de Quintana Roo, el fiscal señaló que también intercambian información con la Fiscalía de Tabasco, ya que en esa entidad se encuentran algunas de las empresas de la víctima y desde ahí se realizaron las transferencias.
López Salazar criticó la filtración de información sobre el caso, argumentando que podría poner en riesgo las investigaciones. Destacó la complejidad del asunto debido a la elevada suma de dinero involucrada y la red de contratos en la que el empresario estaba vinculado.
El fiscal reveló que la víctima llevaba aproximadamente tres meses en Playa del Carmen antes del incidente. Aseguró que no puede proporcionar más detalles, ya que la investigación está en curso, pero confirme que trabajan de la mano con la FGR, particularmente con la unidad especializada en
Asimismo, señaló que han mantenido comunicación con personas cercanas a la familia y que en los próximos días llegarán al estado los familiares de las víctimas para recibir detalles del caso. López Salazar enfatizó la importancia de su colaboración para el éxito de la investigación, que busca tanto la localización de la víctima como la identificación y captura de los responsables.
El fiscal descartó la participación de servidores públicos en irregularidades relacionadas con este caso y explicó que un Grupo Interdisciplinario se encarga de la investigación. No obstante, subrayó que el caso tiene características especiales, aunq
Cabe mencionar que el portal Aristegui Noticias tuvo acceso al expediente y testimonios que revelan que dos niños, de entre 10 y 14 años, fueron testigos del secuestro, tortura y desaparición de sus padres en noviembre de 2024, en un fraccionam.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Carlos y su pareja, María Cruz, quienes habrían sido atacados en su domicilio. De acuerdo con documentos judiciales, el empresario fue forzado a realizar transferencias millonarias a empresas sin vínculos con él ni con su familia.
