Chetumal, Quintana Roo. – La cuenta pública 2021 de la administración de Laura Beristain Navarrete figuró entre las 10 auditorías forenses por un presunto desvió de recursos por cerca 248 millones de pesos que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación, esto durante el reporte de su titular David Colmenares Páramo, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Respecto a las auditorias forenses que se aplican al gasto federalizado, el Auditor mencionó que se practicaron 10 entre ellas al gobierno de Durango y a los municipios de Juárez, Chihuahua, Torreón, Coahuila, Tlalnepantla, Estado de México y Solidaridad, Quintana Roo.
El reporte se dio a conocer durante la Segunda Entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 en las que el auditor presentó 708 informes individuales, entre ellos 113 auditorías de cumplimiento, 54 de desempeño y 541 sobre gasto federalizado.
“Estas consistieron en la revisión pormenorizada del cumplimiento de la legislación y normatividad administrativa aplicables a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, así como a la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma”, explicó.
Cabe mencionar, dijo “las auditorías forenses tienen la característica distintiva de analizar la información que entregan los entes auditados mediante tecnologías que permitan la obtención de información o datos que permitan documentar la existencia de irregularidades o ilícitos”.
Y advirtió, “los resultados de estas auditorías forenses serán parte del tercer informe en febrero de 2024”.
Cabe mencionar, el pasado 21 de octubre, la presidente municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda informó que la Auditoría Superior de la Federación detectó un presunto desfalco superior a los 248 millones de pesos de procedencia federal, correspondiente a los últimos meses del Gobierno de Laura Beristain.
Por lo que advirtió que el Ayuntamiento Solidaridad interpondrá más denuncias en contra de la morenista y sus funcionarios al no solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
En ese sentido la alcaldesa de Solidaridad Lili Campos señaló que en la administración de Morena que encabezó Laura Beristaín Navarrete no quedaron acreditados 248 millones 430 mil 388 pesos, por lo que deberán de interponer denuncias ante la Contraloría y ante la Fiscalía Anticorrupción para que procedan con respecto a la ley.
FISCALIZACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
El ejercicio de fiscalización derivó mil 735 revisiones a los recursos federales transferidos practicadas a través de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, que representan alrededor de cuatro quintas partes del total programado por la ASF en esa Cuenta Pública.
Afirmó que como resultado de implementar los nuevos modelos de auditoría al gasto federalizado de la Cuenta Pública 2022, se logró que las entidades fiscalizadas reintegraran a la Federación, a raíz de la intervención de la ASF, recursos por más de mil 200.2 millones de pesos.
Agregó que, con base en las 541 que conforman esta segunda entrega, se determinaron cuatro mil 665 millones de pesos por aclarar por parte de las entidades fiscalizadas.
Los rubros por aclarar más importantes se refieren a recursos del gasto federalizado transferidos a las 35 UPES por un monto de mil 577 millones de pesos, que representan el 33 por ciento del total observado; Instituciones de educación media superior y superior en su vertiente tecnológica y politécnica por 539.9 millones de pesos. Así como al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), por un monto de 692.9 millones de pesos, y la distribución de las participaciones federales en las entidades federativas a los municipios por 687.1 millones de pesos.
Indicó que estos montos se asocian a irregularidades por pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto, recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores, recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa y transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, además de otras irregularidades detectadas.
Y desde luego las auditorías forenses ya mencionadas en las que sus resultados se darán a conocer en febrero de 2024.
