A ellas, las viudas, se aproximó inclusive ofreciéndose a realizar tareas domésticas. Según él les leía la mano y mientras lo hacía les preguntaba datos personales. Se familiarizaron tanto con él que inclusive estaba presente en reuniones donde decidían las acciones que habrían de emprender para exigir, en aquel tiempo, el rescate de los cuerpos de los mineros.
Luego de que la FGR retomara la teoría de un segundo tirador, el nombre de Jorge Antonio Sánchez Ortega ha vuelto a la discusión pública, pues el juez Jesús Alberto Chávez Hernández negó dictar orden de aprehensión contra el exagente.
La información fue dada a conocer este lunes 29 por el diario Reforma, lo que motivó un hilo de mensajes en la cuenta de X de la FGR, donde además de reprochar el fallo de juez Chávez Hernández, ofrece algunos detalles de la investigación y advierte que buscará apelar.
Entre los aspectos que destaca la FGR fue que el mencionado agente estuvo presente en el sector Lomas Taurinas, de Tijuana, el 23 de marzo de 1994, durante el ataque a tiros que sufrió el entonces candidato.
Además, se recuerda que había sangre de la víctima en su ropa y dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, es decir, había disparado un arma de fuego.
En fotografías y videos de aquella fecha, Sánchez Ortega –por aquel tiempo con cierto parecido a quien se dijo era el tirador solitario, Mario Aburto– fue captado cerca del candidato y luego del ataque aparece manchado de sangre.
La FGR ha puesto sobre él la atención, destacando especialmente que en aquel tiempo, quien rescató a Sánchez Ortega del ministerio público y de un juez fue Genaro García Luna, quien se desempeñaba como subdirector operativo del Cisen.
“Jorge Antonio ‘S’ fue liberado en evidente encubrimiento delictivo vinculado directamente con Genaro ‘G’, quien en ese momento era subdirector operativo del CISEN, y lo rescató en Tijuana. Las pruebas presentadas por la FGR demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el momento del crimen; en la ropa del acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima; y hay pruebas de que disparó un arma. Ninguna prueba de descargo lo ha podido favorecer”, expuso la FGR en un tuit.
El viraje de la FGR sobre el Caso Colosio ocurre a casi 30 años de los hechos de Lomas Taurinas y precisamente luego de que un tribunal colegiado, a principios de octubre pasado, cancelara la sentencia que se le impuso ordenando que el caso fuera procesado en el fuero común (Proceso 7 de octubre de 2023).
La libertad de Mario Aburto, a la luz de esa sentencia, podría darse a más tardar en marzo próximo, pues el Código Penal del Estado de Baja California contemplaba una pena de 30 años por homicidio calificado, los cuales se cumplen el 23 de marzo próximo.
Además, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en Toluca, acreditó la existencia de numerosas violaciones al debido proceso en la persona de Mario Aburto.
Mientras eso ocurría, la FGR consignaba el expediente que acaba de ser resuelto por el juez Chávez Hernández y que ha dado pie a la polémica de esta semana.
Sánchez Ortega, el reportero
El historial de Jorge Antonio Sánchez Ortega como agente del Cisen es poco conocido y pocos, quizás sólo la comunidad de inteligencia mexicana y algunos sujetos de seguimiento personalizado que lo lleguen a reconocer podrían identificar dónde pasó el periodo de 1994 a 2006, cuando finalmente arribó a Coahuila, donde se hacía pasar por reportero.
Sólo en el informe que dio a conocer en el año 2000 el fiscal especial del caso, Luis Raúl González Pérez, expone que las circunstancias de la detención de Sánchez Ortega quedaron confusas debido a las contradicciones de los responsables del Cisen, quienes fueron modificando sus declaraciones ministeriales.
Entre otras inconsistencias, el propio Sánchez Ortega declaró inicialmente que se manchó de sangre cuando se aproximó a ver a Colosio, mientras Edmundo Salas Garza, entonces director de Investigación del Cisen, expresó que el sospechoso ayudó a subir a Colosio a la camioneta que lo trasladó al hospital.
Finalmente, Sánchez Ortega fue exculpado por la PGR y asignado a la delegación del Cisen en Sinaloa. Luego recibió capacitación y se le envió a otra delegación, pero lo regresaron a su estado para destinarlo a funciones administrativas (Proceso 1429).
En el libro “Informe de la Investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Posibles cómplices y encubridores”, editado por la PGR, se da cuenta de diferentes actuaciones y documentales de la investigación oficial.
Entre los datos relevantes para el momento se encuentran algunos antecedentes de Sánchez Ortega a partir de entrevistas, inclusive con el mismo agente, y entre la investigación destaca el hecho de que el 23 de marzo de 1994 estuviera en Lomas Taurinas con credencial de reportero.
Hacerse pasar por reportero era una práctica frecuente de los agentes del Cisen en las décadas de los noventa y los dos mil. La diferencia en este caso es que contaba con una acreditación firmada por un diario de Tijuana, donde supuestamente, en efecto, se desempeñó como reportero en 1988.
De acuerdo al mencionado libro, en declaración tomada al abogado Urbano Hernández Somero, éste fue amigo y compañero de estudios de Sánchez Ortega en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, entre 1981 y 1985.
Hernández Somero fue presidente de la sociedad de alumnos y en su planilla estaba quien a la postre sería agente del Cisen, con quien formó el “Grupo Universidad”. Dicho grupo participó activamente en la campaña de Xicoténcatl Leyva a la gubernatura de Baja California en 1985.
Por los años 1985-1988, Hernández Somero fue director del Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA, antecedente de la Conade), donde tuvo como secretario particular a Sánchez Ortega, que se relacionó con el periodista Marco Antonio Romero Arizpe.
Romero Arizpe llegaría a la dirección de El Diario de Baja California, periódico editado por la razón social Compañía Periodística de Baja California.
Posteriormente regresó con su amigo Urbano Hernández, para trabajar en su despacho jurídico de abril de 1993 al 27 de septiembre del mismo año, como litigante. En octubre del mismo año, Sánchez Ortega ingresó al Cisen.
El libro consigna que la Policía Judicial Federal localizó y entrevistó a Marco Antonio Romero Arizpe, dejando asentado en actas del 16 de abril de 1997 que, en efecto, conoció a Sánchez Ortega por Urbano Hernández, quien se lo recomendó como “gente de confianza”, que le dio oportunidad de trabajar y le otorgó una credencial del periódico.
Luego, el mismo documento de la PGR publica el momento en el que Romero Arizpe supo de lo ocurrido en Lomas Taurinas:
“El señor Marco Antonio Blázquez fue quien le llamó por teléfono y le hizo mención de lo ocurrido en Lomas Taurinas y que al señor Jorge Antonio Sánchez Ortega lo habían detenido y portaba una credencial del periódico donde él era el director”.
Fue entonces cuando comentó que, en efecto, había trabajado como reportero y por eso traía la credencial.
Cruces de relaciones
La historia de Jorge Antonio Sánchez Ortega trae al presente el papel de personas que siguen vigentes en la vida pública, en tiempos de la autollamada “Cuarta Transformación”.
Por ejemplo, El Diario de Baja California era propiedad de Jaime Bonilla, el empresario de medios que llegó a gobernador por Morena, partido con el que rompió y ahora se presenta por el PT.
Marco Antonio Romero Arizpe, quien firmó la credencial de reportero que Sánchez Ortega usó para estar en Lomas Taurinas, fue regidor en Tijuana por Morena, electo para el periodo 2016-2019. Sin embargo, una votación con el PRI y el PAN para privatizar el alumbrado público del municipio motivó un proceso disciplinario que devino en su expulsión del partido guinda en 2017.
El amigo de juventud, empleador y quien lo recomendó inclusive para entrar al Cisen, Urbano Hernández Somero, ha sido vinculado al llamado Cartel de Tijuana desde hace al menos 18 años. En septiembre de 2006, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como prestanombres de Manuel Aguirre Galindo, a quien la misma dependencia identificaba como líder de la operación de lavado de dinero de la familia Arellano Félix, por lo que se le confiscaron bienes y congelaron cuentas en Estados Unidos.
Hernández Somero fue identificado en 2021 en la investigación periodística “El Cartel Aduanero”, por vender propiedades a personas relacionadas con la importación de autos chocolate sujeto a investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera, relacionados política y familiarmente con Ricardo Peralta, un activo funcionario y político de la 4T que inició el sexenio como director de Aduanas. Peralta fue un activo promotor de Jaime Bonilla.
Por cierto, entre los diferentes escándalos protagonizados por Jaime Bonilla como gobernador destaca el de su oficial mayor, Héctor Mares Cossío, quien fue vinculado al caso García Luna debido a una relación comercial con Grupo Gasmart, la empresa que ha sido identificada como una de las del exsecretario de Seguridad hoy preso en Estados Unidos.
Mares Cossío ha sido durante una década el operador financiero de Jaime Bonilla y de hecho fue directivo de la cadena televisora Media Sports y aparece en una investigación en San Diego, debido a que siendo Bonilla el titular del Distrito de Agua del condado, en Otay, le asignó una consultoría por 300 mil dólares. (Véase reseña del libro “El impostor”, donde se menciona la consultoría y el caso de corrupción.)
Finalmente, Marco Antonio Blázquez, quien de acuerdo con los testimoniales del Caso Colosio avisó a Marco Antonio Romero Arizpe de la detención de Sánchez Ortega con la credencial del periódico de Bonilla, es diputado local en Baja California por el PT.
Con información de Proceso
