El fiscal de Jalisco, Salvador González, supervisó las labores de procesamiento realizadas por los forenses en el Rancho Izaguirre, donde fueron halladas fosas y hornos clandestinos. Se presume que en estos espacios fueron calcinadas víctimas, en su mayoría reclutadas de manera forzada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Hemos dejado clara nuestra postura de compartir toda la información a nuestro alcance ante el gobierno federal, incluso haciendo una invitación a formar parte de las investigaciones”, declaró González de los Santos.
El lugar está dividido en sectores, incluyendo un área de entrenamiento táctico, otra de acondicionamiento físico, además de los hornos y las fosas clandestinas. “En el sitio se han localizado pertenencias tanto de víctimas como de personas que pudieron haber estado involucradas en actividades ilícitas”, añadió el fiscal estatal. Asimismo, aseguró que la investigación sigue en curso con absoluta transparencia y responsabilidad.
Hasta el momento, se han detectado seis lotes con restos óseos en cuatro espacios del predio asegurado el 18 de septiembre de 2024 por la Guardia Nacional. Dicho lugar fue identificado como un campo de reclutamiento forzado y entrenamiento del CJNG.
“Sin embargo, ante los recientes hallazgos, los trabajos fueron insuficientes. Ante ello iniciamos una investigación para determinar posibles omisiones de cualquier autoridad responsable y fincar responsabilidades”, reconoció el fiscal.
En ese entonces, el fiscal del estado era Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien, según informó hoy el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, deberá aclarar por qué no se procesó de manera adecuada el Rancho Izaguirre.
Las autoridades de seguridad del estado han alertado sobre el uso de redes sociales por parte de grupos criminales para engañar a personas ofreciéndoles trabajo en Jalisco dentro de supuestas empresas de seguridad y call center.
El pasado 7 de marzo, dos adolescentes de 17 y 15 años, provenientes del municipio de Tequila, fueron rescatados de convertirse en víctimas de reclutamiento forzado. La intervención de un familiar, quien realizó una llamada a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, permitió que la Unidad de Búsqueda de Personas llegara a la terminal de Tlaquepaque y los asegurara antes de que fueran captados.
Este tipo de casos se ha vuelto recurrente, con múltiples denuncias de desapariciones de jóvenes en terminales de autobuses como las de Tlaquepaque o Guadalajara. En estas locaciones, presuntos reclutadores criminales los abordan y los suben a camionetas, tras lo cual sus familias pierden contacto con ellos.
