Wilbert Joseph Castañeda Gómez, ciudadano mexicano, es parte del grupo de mil 794 “presos políticos” que mantiene el régimen de Nicolás Maduro en diversas cárceles y calabozos de organismos de seguridad en Venezuela, según el último listado del Foro Penal Venezolano actualizado al 30 de diciembre.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, declaró a Proceso que la organización humanitaria ha intentado localizar a Castañeda Gómez para ofrecerle asistencia legal. Sin embargo, hasta ahora desconocen su paradero. Romero criticó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por su silencio frente a las violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela desde las controvertidas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a pesar de las pruebas presentadas por la oposición que señalan una derrota del chavismo.
Las protestas que se desataron tras el proceso electoral, considerado un “fraude” por los manifestantes, han dejado un saldo de 25 personas muertas y 31 desaparecidas, presuntamente a manos de la policía, la Guardia Nacional, los servicios de inteligencia y contrainteligencia, así como los paramilitares conocidos como “colectivos” chavistas.
Críticas al gobierno mexicano
Romero denunció que el gobierno de México ha optado por ignorar la situación de los derechos humanos en Venezuela. “Todos los gobiernos firmantes de las convenciones internacionales tienen la obligación de denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como las que están ocurriendo en Venezuela”, afirmó.
Señaló que Sheinbaum ha justificado su postura con la Doctrina Estrada, apelando a la no intervención en asuntos internos de otros países y a la autodeterminación del pueblo venezolano. Sin embargo, Romero puntualizó que “la defensa de los derechos humanos no justifica que los gobiernos se hagan de la vista gorda”.
La detención de Castañeda Gómez
Wilbert Joseph Castañeda Gómez, quien también posee la nacionalidad estadounidense y fue parte de la Armada de Estados Unidos, fue detenido el 1 de septiembre en el estado Aragua, según informó el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello. Este lo señaló como el “jefe” de un “equipo de mercenarios” que presuntamente buscaba desestabilizar al país.
La madre de Castañeda Gómez, en una entrevista con Univisión desde Houston, Texas, aseguró que su hijo estaba de vacaciones en Venezuela por asuntos personales y negó cualquier vínculo con actividades ilegales. Por razones de seguridad, prefirió no mostrar su rostro durante la entrevista.
Burocracia consular
La revista Proceso intentó obtener información sobre el caso de Castañeda Gómez mediante la Embajada de México en Venezuela. Sin embargo, la encargada de la Sección Consular, Jazmín Castellanos Argüelles, se limitó a decir que cualquier solicitud debía realizarse vía correo electrónico. Hasta el momento, no se ha recibido respuesta.
El profesor Octavio González Segovia, del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, recordó que todo ciudadano mexicano tiene derecho a recibir asistencia consular en el extranjero. “La Embajada está obligada a velar por los derechos de sus ciudadanos, sobre todo en situaciones como esta”, declaró.
Postura internacional
Mientras la presidenta Sheinbaum ha optado por el silencio, otros líderes de la región han expresado su preocupación por la situación en Venezuela. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Chile, Gabriel Boric, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han condenado la represión en el país sudamericano.
Gabriel Boric reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro. Por su parte, Petro lamentó la represión y anunció que no asistirá a la toma de posesión de Maduro. “No podemos reconocer unas elecciones que no fueron libres ni transparentes”, aseguró el mandatario colombiano.
Denuncia internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se ha pronunciado en contra del régimen de Maduro, acusándolo de llevar a cabo una campaña de “terrorismo de Estado” para perpetuarse en el poder. Según la CIDH, la represión antes, durante y después de los comicios ha sido sistemática.
La oposición venezolana ha presentado actas de votación que indican que González Urrutia obtuvo el 67% de los votos, mientras que Maduro apenas alcanzó el 31%, lo que refuerza la hipótesis de un fraude electoral.
