Familiares de las víctimas de desaparición forzada en Nuevo Laredo en 2018, atribuidas a elementos de la Marina, acusaron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de revictimizarlos por ocultarles información relevante sobre el avance de las investigaciones y la falta de localización de al menos 25 personas.
En un comunicado, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informó que las desapariciones ocurrieron entre febrero y mayo de 2018, entre las que había mujeres y menores de edad, las cuales fueron realizadas por integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Marina.
Los familiares acusaron que les ocultaron las actualizaciones de 34 carpetas de investigación y también de cuatro juicios encauzados en los últimos dos años.
Además, aseguraron que “en los últimos tres años se han realizado al menos ocho diligencias en otros estados del país, pero no han encontrado a ninguna de las 25 personas que aún se encuentran desaparecidas, solamente es una forma de distraerles y justificar ‘actos de investigación‘”.
La FGR fue exhortada por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ Ad Al Hussein, en mayo de 2018, para iniciar una investigación sobre una serie de desapariciones ocurridas en Nuevo Laredo, entre ellas dos jóvenes.
El pasado 24 de octubre, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) confirmó a la madre de uno de los jóvenes, identificado como Noé Ignacio Alférez Hernández, que sus restos habían sido identificados en una fosa común junto con los de su amigo.
Noé Ignacio y su amigo, Jonathan Organista Ballesteros, fueron detenidos por marinos el 18 de febrero de 2018, en calles de Nuevo Laredo, tras este hecho, sus familiares al desconocer su paradero levantaron una denuncia en las oficinas locales de la FGR, en donde iniciaron la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0000532/2018.
De acuerdo con el comité de derechos humanos, los restos del joven se encontraron en el panteón municipal de Nuevo Laredo.
Asimismo, detallaron que desde abril de 2018 “la Fiscalía de Tamaulipas tuvo conocimiento del hallazgo de restos humanos correspondientes a dos personas del sexo masculino en una fosa clandestina ubicada en el kilómetro 23 de la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras”, pero no se les dio la información a los familiares, por lo que los restos se enviaron a una fosa común.
Los familiares también señalaron una serie de irregularidades, entre las que mencionaron la falta de un mecanismo de coordinación del gobierno federal para la búsqueda de personas, y acusaron al personal de la CEAV de no atender sus llamadas.
Por ello, solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos convocar a una reunión con los funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
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