La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dio un importante paso este lunes tras ser aprobada en lo general y en lo particular en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Esta iniciativa, que propone la elección de jueces por voto popular, fue aprobada con 22 votos a favor del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), mientras que la oposición, conformada por 17 diputados, votó en contra en lo general, y con 18 en contra en lo particular.
La controvertida reforma proyecta la realización de comicios judiciales y una nueva estructura para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluyendo la figura de “jueces sin rostro”. El dictamen aprobado, que incorpora 100 modificaciones sugeridas por Morena, prevé dos elecciones para renovar los cargos en el Poder Judicial, la primera de ellas en junio de 2025.
Entre las propuestas más destacadas, la reforma busca reducir de 11 a 9 el número de ministros de la SCJN, acortar su periodo de 15 a 12 años, eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y ajustar sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México. Además, contempla la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevas instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas de la Suprema Corte.
A pesar de su avance, la reforma ha sido duramente criticada por la oposición, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). Los opositores advierten sobre los riesgos que esta iniciativa podría suponer para la independencia judicial. El diputado del PAN, Héctor Téllez, denunció que la reforma es una “transgresión” a la independencia judicial, una violación al principio de división de poderes y una “cooptación” del Poder Judicial por parte del Ejecutivo.
El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, también expresó su rechazo, argumentando que la reforma es “inoperante” y representa un “riesgo” para el Estado mexicano, al tiempo que calificó la iniciativa de “ni democrática, ni justa, ni prudente”.
Las preocupaciones en torno a esta reforma no solo provienen de la oposición política. La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, ha expresado su inquietud por las “amplias” implicaciones que la reforma podría tener para la independencia judicial en México. Además, tanto Estados Unidos como Canadá han advertido sobre las posibles consecuencias para los inversionistas en el país. Entidades financieras y calificadoras como Fitch, CitiBanamex y Morgan Stanley también han alertado sobre los riesgos económicos que podrían derivarse de la aprobación de esta y otras reformas propuestas por el Gobierno.
El oficialismo tiene previsto someter la reforma a votación en el pleno del Congreso en septiembre, cuando se espera que cuenten con los dos tercios necesarios para modificar la Constitución, tras las elecciones del 2 de junio.
