La directora ejecutiva de la organización La Cana, Raquel Aguirre, advirtió este jueves que las deficiencias del sistema de justicia y la ausencia de perspectiva de género en los centros penitenciarios impactan de manera desproporcionada a las mujeres privadas de la libertad en México.
Aunque solo el 5.7% de la población carcelaria en el país son mujeres—13,297 de un total de 233,277, según el último censo poblacional—casi la mitad de ellas carece de sentencia. Además, enfrentan problemáticas como la sobrepoblación y la falta de acceso a una defensa de calidad, explicó Aguirre en entrevista con EFE en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Uno de los ejemplos más alarmantes es que las mujeres reciben, en promedio, seis años más de sentencia que los hombres por el mismo delito, según un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 2022. Aguirre señaló que esto se debe a un estigma social que castiga no solo el delito, sino también el hecho de haber transgredido su rol tradicional como amas de casa y cuidadoras.
Otro aspecto preocupante es que el 80% de las mujeres en prisión son abandonadas en los primeros dos años de su reclusión, mientras que la misma proporción de hombres recibe visitas, principalmente de mujeres, de acuerdo con datos de la CNDH.
La falta de acceso a una defensa de calidad agrava su situación. Aguirre explicó que la mayoría de las personas privadas de la libertad dependen de defensores públicos, quienes suelen estar sobrecargados con entre 50 y 300 casos simultáneamente. En el caso de las mujeres, la situación es aún más difícil, pues los recursos legales llegan en menor medida a ellas.
Además, el 46.9% de las mujeres en prisión no tienen una sentencia, en comparación con el 36.7% de los hombres, lo que refleja una desigualdad estructural dentro del sistema de justicia.
Aguirre criticó la falta de aplicación de la perspectiva de género en los procesos judiciales en México, a pesar de la existencia de protocolos de la Suprema Corte de Justicia y recomendaciones internacionales en la materia. También alertó sobre los posibles efectos negativos de la reforma al Poder Judicial, la cual podría generar un rezago aún mayor en la resolución de casos.
“La población penitenciaria ya es vulnerable de por sí, pero las mujeres dentro de ella están aún en una situación más desfavorable”, concluyó la abogada.
