El Instituto Nacional Electoral (INE) exhortó este jueves a entidades gubernamentales a compartir información que se le solicite a fin de fiscalizar los gastos de los partidos y posibles candidatos para las elecciones del próximo año.
El Consejo General del INE hizo el llamado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante la sesión del Consejo General del INE, la consejera Carla Humphrey resaltó que el instituto del 2016 a 2023 ha resuelto dos mil 649 procedimientos; ha impuesto sanciones por 851.4 millones de pesos y están en sustanciación 204.
Acusó la falta de colaboración interinstitucional de diversas autoridades para proveer de información veraz, oportuna y completa dentro del plazo de los cinco días que prevé la normatividad.
Ejemplificó que, en lo que va de 2023, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE giró mil 420 solicitudes de información y documentación.
También ha emitido 36 insistencias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Secretaría de Economía, entre otras, las cuales, en su mayoría, se han atendido en un tiempo superior a los cinco días, “generando demora y, por lo tanto, obstaculizando las labores de fiscalización”.
“Estamos ante el ejercicio más grande de fiscalización que llevaremos a cabo y no podemos permitir que sean las propias instancias del Estado mexicano las que obstaculizan las labores de fiscalización de este Instituto, dejando de proveer dentro de los plazos establecidos la información que se les solicita para verificar, por ejemplo, operaciones para comprobar que sean reales, la existencia de distintas empresas para comprobar la veracidad de las facturas que se emiten, y para desahogar los procedimientos en esta materia”, aseveró.
La consejera Carla Humphrey también convocó a llevar a cabo acciones para la sensibilización de distintas instancias del Estado mexicano sobre la importancia de que provean de información “respecto a ingresos, egresos y aplicación de los mismos a esta autoridad, por los plazos perentorios que tenemos para resolver y también para desahogar distintas quejas, denuncias y procedimientos oficiosos”, así como explorar las vías jurídicas para el caso de incumplimiento.
El Consejo General llamó a estas instituciones a responder a las solicitudes de información protegidas por el sistema bancario, fiduciario y fiscal.
Dijo que el andamiaje legal y operativo en materia de fiscalización requiere, para su óptimo funcionamiento, de un esfuerzo conjunto y coordinado por parte de las distintas autoridades y dependencias que tienen participación en áreas de prevención y vigilancia sobre el adecuado origen y destino de recursos públicos y privados que circulan en el sistema financiero del país.
