Sobrevivientes, madres e hijas de víctimas de feminicidio en México acusan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al sistema de justicia de perpetuar la violencia institucional, en medio de la reforma al Poder Judicial impulsada por el oficialismo en el Congreso.
Lorena Gutiérrez Rangel, madre de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, asesinada en 2015, denunció que uno de los feminicidas, Josué Misael Atayde Reyes, recibió una pena mínima por ser menor de edad y quedó en libertad en 2022, amenazando ahora a otro de sus hijos. Gutiérrez hizo un llamado al Gobierno para reformar el sistema de justicia y eliminar los “privilegios” para los feminicidas menores de edad, además de “escuchar a las víctimas”.
Paz Rodríguez García, hija de Melesia García, asesinada en 2021 en Milpa Alta, Ciudad de México, denunció que aún no hay detenidos por el feminicidio de su madre, quien fue torturada y violentada sexualmente. “Exigimos que se reformen las leyes para que los menores de edad que cometan feminicidios sean juzgados como adultos y que los familiares encubridores también sean castigados”, afirmó Rodríguez.
Víctimas colaterales del feminicidio
Lorena Gutiérrez también acusó al Estado mexicano de ser responsable del asesinato de su hijo Daniel en 2020, quien murió en un hospital psiquiátrico de Monterrey bajo medidas de protección. “A mi hijo lo asesinó el Estado por omisión e indolencia”, denunció, calificando el desplazamiento de víctimas colaterales de feminicidio como “un crimen de lesa humanidad, un crimen de Estado”.
En el aniversario de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Gutiérrez lamentó que Claudia Sheinbaum, presidenta electa que asumirá el poder el 1 de octubre, negara la responsabilidad del Estado en la muerte de su hijo, instándola a reconocer a las víctimas colaterales del feminicidio y a garantizar la “no repetición”.
Sobrevivientes de feminicidio y violencia vicaria
Fabiola Posadas, sobreviviente de un intento de feminicidio en 2019, denunció la falta de voluntad de las autoridades para prevenir y erradicar la violencia feminicida. “Las sobrevivientes no sabemos de Comisiones de Víctimas (…) No tenemos apoyos, no somos vistas, no existimos”, expresó.
Por su parte, Ana María López Pérez, madre de Julianne Zoé Sánchez López, desaparecida hace más de cuatro años, denunció la inacción de las autoridades ante la desaparición de su hija, víctima de violencia vicaria. “Las autoridades deben cumplir con su deber y buscar a mi hija”, declaró, mostrando un retrato de Julianne Zoé, quien ahora tendría 8 años.
México se prepara para tener a partir del 1 de octubre su primera presidenta, mientras el país enfrenta una grave ola de violencia machista, con un promedio de 10 mujeres asesinadas al día.
