La disputa por el tráfico de migrantes, el control por otras economías ilícitas como el secuestro y la extorsión, así como el interés de influir en la política, explican la escalada de violencia en la entidad, de acuerdo con un análisis del think tank especializado Insight Crime.
Ciudad de México. – La disputa por el tráfico de migrantes, el control por economías ilícitas como el secuestro, el despojo de propiedades a la población local y la extorsión, y la necesidad de influir en la política local son tres factores que están detrás de la guerra entre grupos criminales en Chiapas, de acuerdo con el centro de estudios Insight Crime.
El think tank con sede en Washington y Medellín publicó un análisis sobre el recrudecimiento de la violencia en la entidad sureña este jueves, mismo día que en su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se tomó la decisión de que hubiera más presencia de la Guardia Nacional en aquella zona, donde la gente se siente amenazada y sin protección.
“Y había un poco también la queja de los constructores, de que los amenazaban los de las bandas, y ya también está allá la Guardia Nacional”, dijo el mandatario, quien consideró que el número de desplazados por la violencia no es significativo.
– Y por esa guerra que ahí, ¿cuánta gente ya ha sido desplazada? –se le preguntó a López Obrador.
–Muy pocos, muy pocos, y estamos nosotros pendientes y ya se ha tranquilizado bastante la situación, bastante, y tenemos presencia.
– ¿Cómo cuánta gente se ha ido o se ha tenido que ir?
– No tengo el dato, pero no es significativo.
Una guerra prolongada
De acuerdo con Insight Crime, la escalada de violencia en Chiapas parece ser el resultado de una guerra prolongada entre el Cártal Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
La disputa entre ambas facciones responde a la lucha por el control del estado de Chiapas, cuya frontera con Guatemala lo ha convertido en un epicentro de tráfico ilícito de bienes y personas, menciona el análisis.
Fundado en 2010, Insight Crime es una organización sin fines de lucro que reúne a investigadores de media docena de países, con especialidad en temas de crimen organizado y seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe.
Insight Crime fue una de las plataformas –junto con ProPublica y Deutsche Welle– que el pasado 30 de enero publicó un reportaje sobre la investigación de la DEA relacionada con presuntas aportaciones del narcotráfico a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006.
Su reporte sobre Chiapas señala que, anteriormente, el Cártel de Sinaloa dominaba los municipios fronterizos del sur de ese estado, pero el CJNG ha disputado el poder de su rival desde 2021 con el objetivo de obtener el control sobre las rutas de tráfico de migrantes, drogas y armas, según documentos internos generados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre el año 2020 y 2022 y extraídos por el grupo de hackers Guacamaya.
Los tres factores de la guerra en Chiapas
Insight Crime destaca tres factores detrás de la pugna de organizaciones criminales en la entidad:
- Rutas de tráfico de migrantes en auge. De acuerdo con sus investigaciones, organizaciones como el Cártel de Sinaloa generan cobros de al menos 100 dólares por migrante por transitar las rutas controladas por el grupo.
- Otras economías criminales. El CJNG y el Cártel de Sinaloa se enfrentan por el control de del secuestro, el despojo de propiedades a la población local y la extorsión. El cobro de piso afectó inicialmente a los transportistas de Chiapas; sin embargo, se ha extendido a otros sectores de la economía, como el agrícola, destaca el análisis.
- Interés por influir en la política. De cara a las elecciones estatales de junio, “los grupos de delincuencia organizada se están disputando, por un lado, los votos, pero también la administración del territorio”, dijo un integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.
Los cárteles, concluye el análisis, se verán favorecidos por las ganancias provenientes del tráfico de drogas sintéticas y el creciente flujo migratorio, lo cual alimentará su capacidad de ejercer violencia en contra de los aspirantes con el objetivo de proteger y beneficiar sus operaciones.
